‘Flashbacks’ del inmobiliario 6 años atrás. Exactamente hasta aquel octubre de 2017 que causó estragos en las relaciones institucionales y empresariales entre Cataluña y el resto de España. Como si de un ‘flashback’ se tratara, la ley de la amnistía ha dividido al sector inmobiliario y de la abogacía: los hay que creen que este episodio traerá “calma”, ya que ven intrínseca una “estabilidad jurídica” para la inversión inmobiliaria. Otros, los más conservadores, avecinan una etapa de “caos” y de desinversiones en cadena en la región. Desde idealista/news hemos hablado con expertos para que arrojen algo de luz sobre este asunto.
Según expertos del sector, muchas empresas con domicilio en Cataluña están consultando a despachos para abandonar la comunidad autónoma por las negociaciones y pactos del PSOE con ERC y Junts de cara a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Es el caso también de particulares y patrimonios, según un artículo del diario Vozpópuli, que contactan con sus asesores para mudar su residencia fiscal y, además, preparan la venta de inmuebles. Los abogados y notarios creen que cuando se registre la ley de amnistía estos movimientos se van a multiplicar.
Según ha explicado a idealista/news la abogada Marta Martín, del despacho AM2 Legal, “sí que está habiendo clientes que quieren abandonar Cataluña: ya he conocido casos de perfiles que han sacado su dinero para enviarlo a otros sitios y que también se plantean la idea de vender sus propiedades: en resumidas cuentas, se ha puesto en marcha la maquinaria de huida”.
La letrada asegura que “también hay muchos empresarios que están mostrando su disconformidad con que les obliguen a tener su sede fiscal en el mismo lugar donde desempeñan su actividad. Hay mucho ruido y, por ahora, nada decidido, pero sí que están surgiendo muchas dudas. Yo, personalmente, veo preocupación”.
Según la abogada, uno de los principales miedos es “volver a pasar por el episodio de 2017 y el ‘procés’. “Todas las declaraciones apuntan a que este movimiento es la rendición del Estado, y que reconoce que lo hizo mal. Y se sienten más legitimados que nunca”, dice Martín.
AM2 Legal está en la línea del resto de despachos de abogados que se han pronunciado al respecto de la amnistía. Con un foco mucho más extenso, y no haciendo sólo mención al inmobiliario, las principales firmas han mostrado su rechazo a cualquier amenaza contra la separación de poderes o a las acusaciones de falta de imparcialidad a los jueces de este país.
Especialmente significativas, entre quienes se han manifestado en las últimas horas, son las palabras de dos firmas fundadas en Barcelona y con un importante volumen de negocios en Cataluña, como son Cuatrecasas y RocaJunyent.
El primero de ellos ha comunicado a través de sus redes sociales su «respeto y reconocimiento a los valores y principios consagrados en la Constitución Española«. Además, ha aseverado que respalda la división de poderes «como garantía de los derechos reconocidos en la Carta Magna» y considera la independencia del Poder Judicial como «uno de los ejes vertebradores de la democracia». Por todo ello, la firma que preside Rafael Fontana «rechaza sin fisuras cualquier medida que, de forma mediata o inmediata, pueda comprometerla».
RocaJunyent, por su parte, ha incidido en «su reconocimiento a la importante labor que, con plena independencia, vienen desarrollando los juzgados y tribunales para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y la aplicación del ordenamiento jurídico».
La firma internacional de abogados Ashurst también ha explicado a idealista/news su adhesión a la declaración institucional publicada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) del pasado 9 de noviembre, en la que manifestaba su preocupación ante el documento de acuerdo de Gobierno suscrito por el PSOE y Junts en lo referente a la separación de poderes.
El escrito transmitido por el ICAM reflejaba, entre otros puntos, una crítica al uso del término ‘lawfare’ (instrumentalización de la justicia con fines políticos) y la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional, puesto que eso afectaría a la independencia de los jueces y a la presunción, propia de cualquier Estado de derecho, de que sus decisiones están sometidas a la ley.
El despacho internacional ha querido reiterar, además, que el imperio de la ley, la separación de poderes y la independencia del poder judicial son pilares fundamentales en nuestro orden constitucional, sumándose a la iniciativa del ICAM de ejercitar cuantas acciones sean procedentes para defender el Estado de Derecho español.
Foco en el inmobiliario
Volviendo a poner el foco en el inmobiliario, Iñaki Unsain, ‘personal shopper’ inmobilario, director general de ACV Gestión Inmobiliaria y expresidente de AEPSI (Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliarios), cree que este pacto traerá, además, otras consecuencias al inmobiliario catalán. En concreto, opina que “se afianza la línea que se está siguiendo en Cataluña de marcar precios en los alquileres, marcar municipios catalanes como zonas tensionadas y fijar un índice de precios. Esto ahuyenta a los patrimonialistas que están en Cataluña y un porcentaje de estos decidirán vender sus viviendas para destinarlo a otras comunidades que no estén gobernadas por el PSOE y en las que no se vayan a aplicar regulaciones”.
También hay expertos mucho más esperanzados, y que incluso ven esta nueva etapa “llena de oportunidades para la inversión inmobiliaria”. Uno de ellos es José Luis Méndez, socio fundador del despacho de abogados Méndez Lit, quien asegura “no haber recibido llamadas ni consultas de propietarios o patrimonialistas preocupados por este tema”. “Desde el punto de vista profesional, no tiene por qué afectar en nada ni obnubilar ningún proceso que estén llevando a cabo los propietarios de inmuebles en Cataluña”, dice.
Según Méndez, “podría existir un miedo a que se repitiera un octubre 2017, pero es más del inversor y una inseguridad genérica que se ha creado, pero es algo muy subjetivo de momento. Liquidar y poner la inversión en otro sitio es probable, pero no algo seguro. Cataluña sigue siendo una comunidad próspera y rentable desde el punto de vista inmobiliario”.
Gerard Marcet, socio fundador de la consultora inmobiliaria Laborde Marcet, también está en sintonía con el punto de vista de Méndez. “No hemos recibido ningún ‘input’ por este pacto, y mucho menos de propietarios que quieran vender sus activos en Cataluña”, asevera.
“Al revés. Es cierto que el Gobierno tiene una deriva más hacia la izquierda, pero por otro lado todo el pacto de la amnistía que se está cocinando podría llegar a calmar a las posturas más extremistas y que vivían con resquemor todo el proceso independentista que no prosperó”, dice Marcet, que también aclara que, en su opinión, “esta amnistía no debía haberse llevado a cabo como chantaje político”.
