Se crea la nueva cartera de Vivienda y Agenda Urbana, separada de Transportes y Movilidad Sostenible
El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, en la coalición PSOE y Sumar, tendrá cuatro vicepresidencias y 22 ministerios, de los que 10 están vinculados a áreas económicas, en un momento en el que se vislumbra una desaceleración económica y donde España tendrá que agilizar el despliegue de los fondos europeos antes de que concluya 2026.
El presidente del Gobierno ha decidido reforzar el ala económica en su nuevo Gobierno, poniendo al frente de las cuatro vicepresidencias a ministras del ramo y sumando dos nuevos ministerios a esta área, entre ellos el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que estará bajo la dirección de la hasta ahora portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.
El hasta ahora Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), que llevaba Raquel Sánchez, y antes José Luis Ábalos, se divide en dos. El exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, asumirá la cartera de Transporte y Movilidad Sostenible. Raquel Sánchez sale del organigrama del Ejecutivo.
Una de las novedades más importantes es el ascenso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la vicepresidencia cuarta del Ejecutivo. Compartirá rango con Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos; Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Rodríguez : “Consolidar el derecho a la vivienda como quinto pilar del Estado de Bienestar”
Nada más conocer su nuevo nombramiento, Isabel Rodríguez, ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la confianza depositada en ella. «Un reto el consolidar el derecho a la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar. Una prioridad de país», ha escrito la hasta ahora portavoz del Ejecutivo ministra de Política Territorial en un mensaje publicado en la red social ‘X’. La relación con las autonomías será clave en el desarrollo de las políticas de Vivienda del Estado.
La política de vivienda vuelve a recuperar el rango de ministerio único, y no agregado a otro departamento. Como principales retos, la nueva ministra tendrá que poner marcha las 183.000 viviendas de alquiler asequible, que incluye las viviendas de Sareb, nuevas promociones de los planes estatales y suelos del Ministerio de Defensa a través del Sepes.
Pero además tendrá que desplegar las promesas del presidente del Gobierno en su discurso de investidura, que destacó medidas como incrementar el Bono de Alquiler Joven, conceder una línea de avales para cubrir el 20% del préstamo hipotecario en la primera vivienda, crear un marco jurídico para proteger la reforma y rehabilitación de viviendas de más de 500.000 unidades, además de ofrecer incentivos fiscales para que los pequeños propietarios saquen sus viviendas en alquiler.
Retos que tendrá que asumir de la mano de las Comunidades Autónomas, que son las que tienen las políticas de Vivienda, y que son ellas las que despliegan las ayudas al usuario final. Además, tendrá que negociar con ellas el desarrollo de las políticas incluidas en la Ley de Vivienda, una norma que ha puesto prácticamente a todo el sector inmobiliario en contra, y a las autonomías también, sobre todo con la posibilidad de controlar los precios de los alquileres.
El nuevo Ministerio de Vivienda tendrá que articular con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y las CCAA el índice de precios de referencia, que permita identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas.
Y es que la actual Ley de Vivienda, con apenas seis meses en vigor, ya se encuentra con varios recursos de inconstitucional admitidos a trámite. El TC analizará los recursos que han presentado en los últimos meses los Gobiernos de Madrid, Andalucía y Baleares, el Parlamento de Cataluña y el grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados.
De hecho, Cataluña ha sido el único gobierno autonómico que está dando los pasos necesarios para desplegar las zonas de mercado residencial tensionado, que supondría un control de precios al mercado del alquiler. Quiere limitar los alquileres en 140 municipios de la región.
Sobre la mesa también tiene la regulación de los alojamientos turísticos en el centro de las ciudades y un plan estratégico para el impulso de la vivienda rural en zonas de reto demográfico.
De la mano de los ministerios de Economía y Hacienda, también se espera que negocien mejoras en los préstamos hipotecarios, dirigidas a facilitar la amortización anticipada de los créditos, la reestructuración de los préstamos hipotecarios o la solicitud de la dación en pago.
El sector inmobiliario le pide al nuevo gobierno corregir los desequilibrios en el mercado, sobre todo el alquiler
La Federación Nacional de Asociación Inmobiliarias (FAI) considera un acierto que Vivienda tenga mayor peso con rango de Ministerio propio, separándose de Transportes, pero, al mismo tiempo, señala que espera que se articulen medidas y leyes que corrijan el desequilibrio actual que existe en el mercado inmobiliario, especialmente en el del alquiler, que se ha convertido en «un drama social para muchas personas y familias», según su presidente, José María Alfaro.
Insiste en la necesidad de crear un Pacto de Estado de Vivienda durante esta legislatura, así como para facilitar el acceso a la compra de una casa, ya que los jóvenes y personas de clase media siguen teniendo muchas dificultades para ello.
Desde Alquiler Seguro se muestran críticos y afirman que la nueva ministra hereda poca oferta en el mercado, precios altos, incertidumbre y una espantada de inversores. “Isabel Rodríguez tiene que saber que hereda una situación grave en el mercado del alquiler. Los principales perjudicados por la actual Ley, están siendo los inquilinos, donde cada día les cuesta más encontrar una vivienda, porque se está destruyendo oferta de alquiler residencial, se encarecen los precios, aumenta la incertidumbre y la inseguridad jurídica”, señala su presidente, Antonio Carroza.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha valorado la creación de un Ministerio propio para la materia de vivienda, siempre que actúe de manera valiente. «No me parece una mala orientación que haya un Ministerio de la Vivienda siempre y cuando tome medidas valientes destinadas a contener realmente el precio de la vivienda y para el acceso a la vivienda. Creo que la actual Ley de Vivienda no va a ser ni mucho menos suficiente para conseguirlo por el boicot autonómico en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que son casi todas, a su aplicación efectiva», ha señalado Sordo.
Para Francesc Quintana, CEO de la agencia de intermediación inmobiliaria Vivendex, las iniciativas propuestas del nuevo Ejecutivo son “bien intencionadas, pero poco realistas. Se aumenta la oferta de vivienda para hacer frente a la escasez de oferta, que es uno de los principales problemas que tenemos, pero lo que realmente hace falta es política de suelo y visión a largo plazo, no leyes cortoplacistas”.
